La actual crisis económica global arroja consecuencias de todo tipo, entre ellas se cuenta el aumento de casos de fraudes a la empresa privada y a las aseguradoras, los que llegan a manos de agencias de investigación privada para su resolución.

En las épocas de bonanza económica las empresas son más tolerantes con el ausentismo laboral, incapacidades médicas no confirmadas entre otras; pero en tiempos de vacas flacas se reduce esa tolerancia y se empiezan a detectar prácticas fraudulentas.

Por ello, algunas compañías optan por contratar los servicios de agencias de investigación privada, con el fin de acoger pruebas que puedan tener validez jurídica, y así demostrar que efectivamente se producen irregularidades, como pueden ser empleados que fingen lesiones o deciden estirar sus periodos de baja alegando que todavía no están recuperados.

Además, la demanda de servicios de investigación privada entre aseguradoras y empresas, para destapar siniestros ficticios también ha aumentado, como lo demuestran las cifras del INIF (Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude).

A esto se le suma un aumento de fraudes en el sector del transporte y de automóviles: “Hemos detectado autorrobos, accidentes fingidos y el cobro de daños que nunca han ocurrido. También están cargas que desaparecen, asaltos en mitad de la vía a camiones con mercancías, entre otros”, (Jorge Cabrera, gerente técnico del INIF).

Sólo los desfalcos cometidos con automóviles superaron los $108.000 millones en el 2007; por pólizas de vida no hay cifras exactas, pero las modalidades se han vuelto más comunes: personas que fingen su muerte o, incluso, que asesinan para cobrar millonarias cifras.

Esto lleva a muchas de estas empresas a ver en la investigación privada una herramienta aliada para la sostenibilidad, precisamente y de modo paradójico, en tiempos de crisis…

Laude Fernández, gerente del INIF observó en abril de este año 2009 que desde hacía un lustro no se veía un incremento tan marcado en reclamaciones por robo de vehículos.

"Las personas que están afrontando dificultades económicas, creen que reclamar por siniestros inexistentes es la vía más expedita para resolver sus problemas", según Fernández.

Lo que muchos no saben es que se trata de un delito que se castiga con cuatro años de cárcel, desde la publicación de la Ley 1142 de 2007.

Fuentes: El Colombiano / Atlántico Digital / INIF

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